Muchas veces escuchamos hablar del derecho de acceso a la información pública, y no siempre tenemos una clara idea sobre que estamos hablando. Para que sirve este derecho, o que utilidad puede tener en nuestra vida diaria, son algunas de las preguntas más frecuentes.
Para hablar de acceso a la información publica, tenemos que bucear en algunos conceptos como democracia o estado de derecho, y desde ahí encontrar su utilidad.
Si pretendemos vivir en el marco de un estado de derecho, deben satisfacerse algunas premisas básicas: la llegada de los gobernantes a través del sufragio universal, la separación de los tres poderes del Estado, imperio de la ley, existencia de una Constitución Nacional que sirva de base del ordenamiento jurídico del país, el libre ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos, mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos, publicidad de los actos de gobierno, entre otros.
Es importante que nos detengamos en la idea de publicidad de los actos de gobierno. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de publicar las leyes, decretos y resoluciones, como así también al Poder Judicial le compete publicar, o poner al alcance de los ciudadanos, las sentencias dictadas en los distintos juzgados.
Para que la ciudadanía pueda ejercer una auténtica democracia participativa, debe tener acceso sin obstáculos a toda la información referida a los actos de gobierno. El Estado debe ser transparente en sus acciones, y debe rendir cuentas de las mismas a la sociedad.
En este contexto es importante remarcar que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden convertirse en una herramienta esencial. La publicación del Boletín Oficial a través de internet es una forma concreta de permitir el acceso de los ciudadanos a la información allí contenida. Debemos tener presente que en el Boletín Oficial no sólo se publican las leyes sino una gran cantidad de los actos de gobierno, tales como designaciones, licitaciones, entre muchos otros.
Así también la existencia de portales, sitios web o blogs del gobierno son un medio real de acercamiento de la información a la ciudadanía.
Sin embargo, el derecho de acceder a la información pública, no sólo sirve como herramienta de la democracia participativa o de la participación ciudadana, sino que también la información puede ser un presupuesto para el ejercicio de un derecho.
Para reflejar esta situación, podemos mencionar algunos ejemplos de acciones llevadas a cabo por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales – www.cels.org.ar ), y entender como la falta de información hace que no se puedan concretar algunos derechos fundamentales.
Por ejemplo, en relación al derecho a la vivienda, se puede contar el caso de los vecinos del Barrio Ejercito de los Andes (conocido como Fuerte Apache) de la provincia de Buenos Aires. En ese caso los vecinos solicitaron en numerosas oportunidades información a cerca del estado de mantenimiento de los edificios que habitaban. No obtuvieron respuesta y debido a la falta de información no se pudieron anticipar al desalojo y demolición que posteriormente sufrieron.
Otro ejemplo lo constituye el derecho a la salud. En Isidro Casanova (Buenos Aires) algunos vecinos comenzaron a presentar síntomas que posteriormente se convirtieron en distintos tipo de cáncer. Se solicitó información al Ente Regulador de la Energía Eléctrica para investigar si existían en la zona transformadores de electricidad con PCB (Bifenilo Policlorado). Evidentemente en la zona existían numerosos transformadores con esta sustancia, lo que provocaba gran cantidad de las patologías de los vecinos del barrio. En este caso la información era de vital importancia para garantizar el derecho a la salud de los vecinos.
Existen muchos ejemplos que acreditan como el acceso a la información pública se convierte en un presupuesto para el ejercicio de otros derechos.
Además como bien se describe arriba, este derecho es una herramienta esencial para una efectiva participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público. No debemos olvidar, además, que este derecho es una obligación del Estado, quien debe respetarlo como a cualquiera de los otros derechos garantizados en el ordenamiento jurídico.
Queda pendiente para el próximo articulo una revisión del marco legal referido al derecho de acceso a la información pública, en el cual debemos abarcar no sólo la legislación nacional, sino también la legislación internacional. Es importante conocer en que leyes están contemplados nuestros derechos, porque de esa forma obtenemos herramientas más eficaces para exigir su cumplimiento.
Para hablar de acceso a la información publica, tenemos que bucear en algunos conceptos como democracia o estado de derecho, y desde ahí encontrar su utilidad.
Si pretendemos vivir en el marco de un estado de derecho, deben satisfacerse algunas premisas básicas: la llegada de los gobernantes a través del sufragio universal, la separación de los tres poderes del Estado, imperio de la ley, existencia de una Constitución Nacional que sirva de base del ordenamiento jurídico del país, el libre ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos, mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos, publicidad de los actos de gobierno, entre otros.
Es importante que nos detengamos en la idea de publicidad de los actos de gobierno. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de publicar las leyes, decretos y resoluciones, como así también al Poder Judicial le compete publicar, o poner al alcance de los ciudadanos, las sentencias dictadas en los distintos juzgados.
Para que la ciudadanía pueda ejercer una auténtica democracia participativa, debe tener acceso sin obstáculos a toda la información referida a los actos de gobierno. El Estado debe ser transparente en sus acciones, y debe rendir cuentas de las mismas a la sociedad.
En este contexto es importante remarcar que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden convertirse en una herramienta esencial. La publicación del Boletín Oficial a través de internet es una forma concreta de permitir el acceso de los ciudadanos a la información allí contenida. Debemos tener presente que en el Boletín Oficial no sólo se publican las leyes sino una gran cantidad de los actos de gobierno, tales como designaciones, licitaciones, entre muchos otros.
Así también la existencia de portales, sitios web o blogs del gobierno son un medio real de acercamiento de la información a la ciudadanía.
Sin embargo, el derecho de acceder a la información pública, no sólo sirve como herramienta de la democracia participativa o de la participación ciudadana, sino que también la información puede ser un presupuesto para el ejercicio de un derecho.
Para reflejar esta situación, podemos mencionar algunos ejemplos de acciones llevadas a cabo por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales – www.cels.org.ar ), y entender como la falta de información hace que no se puedan concretar algunos derechos fundamentales.
Por ejemplo, en relación al derecho a la vivienda, se puede contar el caso de los vecinos del Barrio Ejercito de los Andes (conocido como Fuerte Apache) de la provincia de Buenos Aires. En ese caso los vecinos solicitaron en numerosas oportunidades información a cerca del estado de mantenimiento de los edificios que habitaban. No obtuvieron respuesta y debido a la falta de información no se pudieron anticipar al desalojo y demolición que posteriormente sufrieron.
Otro ejemplo lo constituye el derecho a la salud. En Isidro Casanova (Buenos Aires) algunos vecinos comenzaron a presentar síntomas que posteriormente se convirtieron en distintos tipo de cáncer. Se solicitó información al Ente Regulador de la Energía Eléctrica para investigar si existían en la zona transformadores de electricidad con PCB (Bifenilo Policlorado). Evidentemente en la zona existían numerosos transformadores con esta sustancia, lo que provocaba gran cantidad de las patologías de los vecinos del barrio. En este caso la información era de vital importancia para garantizar el derecho a la salud de los vecinos.
Existen muchos ejemplos que acreditan como el acceso a la información pública se convierte en un presupuesto para el ejercicio de otros derechos.
Además como bien se describe arriba, este derecho es una herramienta esencial para una efectiva participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público. No debemos olvidar, además, que este derecho es una obligación del Estado, quien debe respetarlo como a cualquiera de los otros derechos garantizados en el ordenamiento jurídico.
Queda pendiente para el próximo articulo una revisión del marco legal referido al derecho de acceso a la información pública, en el cual debemos abarcar no sólo la legislación nacional, sino también la legislación internacional. Es importante conocer en que leyes están contemplados nuestros derechos, porque de esa forma obtenemos herramientas más eficaces para exigir su cumplimiento.
